SANTO DOMINGO. Para el Estado dominicano la decisión emitida por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional constituye un nuevo precedente en la lucha contra la corrupción y desviación de fondos del erario.
Nos satisface el hecho de que la querella del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) en representación del Estado dominicano, fuera el punto de partida para mover la acción penal que envió 35 de 40 imputados a juicio.
El Estado dominicano, víctima y querellante en el proceso penal seguido al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y compartes, analiza la decisión emitida anoche, en el cual se ratificó su calidad para procurar la recuperación de los fondos distraídos mediante actos de corrupción.
La jueza Altagracia Ramírez, ratificó como han hecho todos los tribunales que conocen expedientes de corrupción a partir del 2020, la facultad del presidente de la República Luis Abinader de designar a abogados, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), para procurar la restitución civil por la afectación al erario.
“Fue una acusación suficientemente fortalecida, donde el Estado fue admitido como parte”, dijo Sostenes Rodríguez, al concluir la lectura de la decisión que tuvo como punto de partida la querella presentada por el Estado a través del ERPP y que dio lugar a que el Ministerio Público sometiera un expediente penal.
Rodríguez, quien estuvo junto a Rafael Rivas, coordinador de equipo, así como los bogados Edison Peña y Fabián Melo, dijo que el ERPP analizará los razonamientos del No Ha Lugar en favor de cinco de los 40 imputados, a fin de establecer las acciones a seguir respecto a ellos.
El Estado dominicano continuará ejerciendo su legítimo derecho de reclamar la devolución de cada peso que haya sido sustraído dolosamente de las arcas públicas, así como la reparación integral de los daños ocasionados.
Este expediente constituye uno de los casos de mayor impacto económico y social conocidos en materia de corrupción administrativa, debido a los montos comprometidos y a la alegada participación de estructuras vinculadas a importantes instituciones estatales y sus entonces incumbentes.
“El compromiso institucional es claro: recuperar hasta el último centavo distraído del patrimonio del pueblo dominicano y procurar que los responsables respondan penal y civilmente por los hechos imputados”, puntualiza el ERPP.
La jueza Ramírez dispuso el envío a juicio del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y del abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como de otras 33 personas acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa investigada con la Operación Calamar.