Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader afirmó, durante su discurso de Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional, que la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho constituyen la columna vertebral de su gestión, reiterando que en su gobierno no existen intocables ni privilegios frente a la ley.
Abinader fue enfático al referirse a la lucha contra la corrupción como eje central de su administración, destacando la instrucción dada al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) a recuperar cada peso robado al Estado en los casos de corrupción, especialmente en lo relativo al Seguro Nacional de Salud SeNaSa.
“En los casos de corrupción, como en el caso de SeNaSa, el gobierno se ha constituido en actor civil y los culpables no solo tendrán encima todo el peso de la ley. Mi compromiso es que tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado y para eso se ha instruido al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público”, dijo en tono enérgico el jefe de Estado.
Destacó que la lucha contra la corrupción no es una declaratoria más de este gobierno; “es su columna vertebral, su brújula moral inamovible”.
“Para mí, como presidente de la República, esta lucha me toca en lo más personal. Porque sé, y lo sé con dolor y con indignación, que cada acto de corrupción destruye la confianza, rompe esperanzas y le roba futuro a la gente honesta de este país. Y por eso no habrá tregua, no habrá contemplaciones y no habrá marcha atrás”, continuó diciendo.
El mandatario aseguró que en su gobierno no existen privilegios ante la ley. “En este gobierno no existen intocables. No existen protegidos. No existen excusas. Nadie está por encima de la ley”.
En diciembre, el ERPP depositó una querella con constitución en actor civil por el presunto fraude millonario cometido en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al que calificó como “un atentado directo contra la vida y la salud de las y los dominicanos”.
La acción que se llevará pro-bono está dirigida contra todas las personas físicas y jurídicas que han sido identificadas hasta este momento por el Ministerio Público como presuntos involucrados, sin descartar futuras inclusiones en función del avance de la investigación.
El colectivo precisó que, como en otros procesos en los que ha intervenido, trabajará en estrecha coordinación con el Ministerio Público, respetando sus competencias constitucionales y legales, pero ejerciendo plenamente su condición de querellante y actor civil, a fin de que la dimensión patrimonial del daño no quede impune y se logre recuperar la mayor cantidad posible de recursos sustraídos.