En este caso, el Estado dominicano procura ser civilmente restituido e indemnizado por una suma que cubra los valores que se prueben fue  defraudado y por daños y perjuicios que le ocasionaron, estos valores se concretizarán en la etapa procesal que establece la ley pero inicialmente prevé una suma superior a los RD$6,000,000,000.00.

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