Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP)

El ERPP es un colectivo de abogados con delegación especial otorgada por la presidencia de la República Dominicana a través del Decreto núm. 22-21 del 13 de enero de para recuperar bienes, valores y activos propiedad del Estado en manos de terceros por apropiación ilegítima o bajo cualquier título o medio operativo. Igualmente, esta comisión gestiona la acreditación de los intereses del Estado en el reclamo de las acciones indemnizatorias mediante la constitución en actor civil en procesos penales vinculados a corrupción administrativa o de cualquier otra naturaleza y en los que se comprueben lesiones a derechos patrimoniales del Estado.

No es un órgano administrativo ni sus integrantes son funcionarios públicos; es una comisión de carácter ad hoc que responde a una contratación profesional basada en criterios de competencia, especialidad, confidencialidad, integridad y confianza.  El ERPP tampoco es parte del Ministerio Público ni su objetivo es la persecución penal. En ese ámbito sus apoderados son auxiliares de la Justicia y en tales procesos actúan como defensores de los derechos patrimoniales del Estado. En ese rol pueden coordinar acciones y estrategias con el Ministerio Público, nunca suplantar total ni parcialmente su rol. 

No tiene antecedentes históricos. Es la primera vez que el Estado dominicano acomete una iniciativa de este alcance y es parte del compromiso del Gobierno por quebrar el estado de impunidad sistémica que ha operado durante décadas en la República Dominicana en el tratamiento de la corrupción administrativa e imponer un modelo funcional de transparencia, consecuencias y rendición de cuentas.  Lo anterior ha sido una historia de omisiones que han impedido ejecutar acciones relevantes en la preservación de la integridad patrimonial y la gestión racional de la cosa pública. 

Opera corporativamente con criterios de independencia funcional. Tiene cuatro integrantes que son Coordinadores de Equipos y un Coordinador General que tiene a su cargo la supervisión y representación del colectivo. Como órgano deliberante define objetivos, bases, políticas y estrategias en la recuperación y reconstitución del patrimonio público. Cada coordinador tiene a su cargo la gestión de expedientes en aquellos casos en los que el Estado acredite interés civil y cuenta con un equipo que trabaja bajo su dirección. Las asignaciones se hacen por áreas de especialidad y competencia.